A casi un mes del derrame de petróleo en el río Amazonas, las comunidades afectadas reportan que la atención brindada hasta el momento es parcial e insuficiente para cubrir sus necesidades básicas. Mientras continúan expuestas a riesgos para su salud y subsistencia, crecen las demandas por una respuesta más efectiva, transparente y con garantías de reparación ambiental.
Por: Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)
El 11 de abril de 2026 se produjo un derrame de petróleo en el río Amazonas, en la provincia de Maynas (Loreto), tras un accidente de un convoy de embarcaciones de la empresa Petrotal que transportaba aproximadamente 50 mil barriles de crudo desde el lote 95. Según lo informado por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el volumen derramado se estima en alrededor de 285 barriles. La contaminación se extendió por varios sectores del río y afluentes cercanos, afectando a decenas de comunidades indígenas y ribereñas, entre ellas pueblos Yagua, que dependen directamente del río para su subsistencia y acceso al agua. se habla ahora de 22 comunidades afectadas.
Frente a la emergencia, el OEFA dispuso una medida preventiva que ordena a la empresa responsable, LM Navegación y Transporte LTDA, abastecer gratuitamente de agua a las poblaciones afectadas. La entidad también supervisa las labores de contención y limpieza, y señaló que la medida se mantendrá vigente hasta garantizar la recuperación de la calidad del agua. En ese marco, actualmente se viene distribuyendo aproximadamente 18 mil litros de agua para consumo humano y alrededor de 55 toneladas de víveres. Sin embargo, esta asistencia es considerada insuficiente por la población, ya que cubre solo necesidades básicas como beber y cocinar, sin garantizar acceso a agua para higiene u otras actividades cotidianas.
“La empresa no está cumpliendo al 100%. Solo están dando agua para tomar, pero no alcanza para bañarse ni para todo lo que necesitamos diariamente, inclusive cocinar”, señaló Juan Pablo Huani Carihuazari, representante de la parroquia de Yanashi e integrante de la Comisión Local de Gestión del Derrame. El dirigente también cuestionó la demora en la atención: “Ha pasado bastante tiempo desde el derrame y recién están cumpliendo por el 28. Hemos esperado más de dos semanas sin apoyo real”, afirmó.
Asimismo, indicó que la empresa aún no ha atendido la reparación de sistemas de agua existentes ni ha respondido a propuestas de apoyo técnico para mejorar el acceso a agua segura en la zona. Mientras tanto, las comunidades continúan dependiendo de soluciones temporales en un contexto de riesgo sanitario. Comuneros de Yanashi también reportaron presuntas afectaciones a la salud tras el derrame, entre ellas ronchas en la piel, dolores de cabeza y cólicos, síntomas que, según lo que señalaron, habrían comenzado a presentarse luego de la contaminación del río. Las comunidades expresan preocupación por los posibles impactos prolongados de la exposición al agua contaminada y demandan atención médica adecuada.
Organización comunitaria frente a la emergencia
Huani Carihuazari destacó además que las comunidades se han organizado de manera autónoma mediante una comisión integrada por autoridades locales, personal de salud y representantes de la parroquia, con el acompañamiento del Vicariato de San José del Amazonas. Esta instancia, junto con asesoría legal, ha decidido no firmar acuerdos con la empresa hasta que se garantice la limpieza total del área y la recuperación comprobada del agua y los ecosistemas. En paralelo, continúan las labores de limpieza a través de una empresa contratista financiada por la compañía responsable, aunque sin un plazo claro de culminación.
El Vicariato Apostólico San José del Amazonas expresó desde el 18 de abril su preocupación por la situación, advirtiendo que las comunidades continúan sin acceso a agua segura y enfrentan riesgos graves para su salud, alimentación y vida. También alertó sobre la presencia de peces muertos y la falta de transparencia en la información sobre la magnitud del derrame. En su pronunciamiento, exigió el abastecimiento inmediato y continuo de agua potable, atención integral en salud para poblaciones vulnerables, transparencia sobre los impactos del derrame, un plan urgente de contención y remediación ambiental, la determinación de responsabilidades y la reparación de los daños ocasionados. Además, pidió la presencia activa del OEFA y mecanismos de supervisión independiente con participación indígena.
Este nuevo derrame vuelve a evidenciar la situación de vulnerabilidad en la que viven los pueblos amazónicos frente a los impactos derivados de las actividades extractivas. Garantizar agua segura, atención en salud, remediación ambiental y justicia para las comunidades afectadas no puede seguir postergándose.