Sábado 12 de diciembre de 2015, el Acuerdo de París, relativo a la lucha contra los cambios climáticos, fue adoptado por consenso por 196 Estados. Estará abierto para ratificación el 22 de abril de 2016, Jornada de la Madre-Tierra, por una duración de un año. El acuerdo entrará en vigencia luego que 55 países representando al menos el 55% de las emisiones mundiales lo hayan ratificado.
Ese acuerdo marca el inicio de un largo camino. En su estado actual, él no está a la altura de los desafíos. Los meses y años por venir serán determinantes para medir la verdadera voluntad política y la ambición de los Estados sobre el tema, mientras que una verdadera corrida contra el reloj se ha entamado para esperar limitar realmente los desajustes climáticos.
El consenso entre los 196 Estados en torno al texto del Acuerdo, visando a reducir las emisiones de gases a efecto invernadero y a intentar limitar el calentamiento global a menos de 2°C, marca una toma de conciencia global sobre los desajustes climáticos y sus impactos, que ya ningún Estado niega hoy día.
Las negociaciones intentaron conciliar intereses tan antagónicos como los de los poderosos países ricos, principales responsables de las emisiones de gases a efecto invernadero, de los países emergentes cuyas emisiones no dejan de incrementarse, de los países cuya única riqueza se basa en la producción de energías fósiles y de los países pobres que aspiran a desarrollarse y que tienen necesidad de energía. Si uno puede felicitar el éxito diplomático que representa el Acuerdo, no puede sin embargo dejar de considerar su falta de ambición.
Una de las cuestiones en juego en el acuerdo se refería justamente a su objetivo a largo plazo, es decir la limitación del incremento promedio de la temperatura mundial en el horizonte 2100. Varios científicos y organizaciones de la sociedad civil, entre las cuales el CCFD – Terre Solidaire, subrayaban que un incremento promedio de 2°C al horizonte 2100 era ya demasiado elevado y tendría consecuencias irreversibles sobre todo entre las poblaciones más vulnerables. Las organizaciones de la sociedad civil reivindicaban un objetivo más ambicioso de 1,5°C. La formulación consagrada en el acuerdo concluido es finalmente “bien abajo de los 2°C”. Falta de ambición cuanto al objetivo, pero también una verdadera imprecisión cuanto a los medios para alcanzarlo.
De hecho, la adición de las “contribuciones nacionales” de los Estados totalizan una trayectoria colectiva de alza de las temperaturas de + 2,7 a 3°C. No se ve entonces como el objetivo de menos de 2°C podría ser alcanzado sin una revisión por cada Estado de sus postulados. Además, los compromisos nacionales en materia de reducción de gases a efecto invernadero no tienen valor jurídico vinculante. A nivel internacional, solamente el proceso de revisión cada 5 años de esas contribuciones y la obligación de transparencia hacia los otros países signatarios constituirá un medio de presión.
Esta es una de las principales debilidades del Acuerdo: la revisión de las contribuciones de los Estados en materia de reducción de emisiones de GEI solo está prevista a partir de 2025. ¡Demasiado tarde! Hace falta entonces empujar a los Estados para que las revise y las incremente bien antes de esta fecha…
Si este Acuerdo, que debe ahora ser ratificado por los diferentes Estados, tiene el mérito de existir, él comporta sin embargo varias otras debilidades que se tendrán que abordar: el CCFD-Terre Solidaire se ha particularmente comprometido por la defensa de los derechos humanos y por la seguridad alimentaria, pero también por la regulación de las iniciativas del sector privado visando a luchar contra el cambio climático, en particular en el sector agrícola. Sin embargo:
la referencia a los derechos humanos fue relegada únicamente al Preámbulo del Acuerdo, y no fue entonces integrada a su parte vinculante;
el concepto de seguridad alimentaria fue cambiado por el de “producción alimentaria”. Eso significa que el acceso, la calidad y la sostenibilidad de la alimentación no son tomadas en cuenta, “mientras se sabe que no se tiene necesidad de producir más para alimentar al planeta, sino de producir mejor!” explica Anne-Laure Sablé, encargada de incidencia sobre soberanía alimentaria en el CCFD-Terre Solidaire;
en fin, iniciativas propuestas a nombre de la lucha contra los desajustes climáticos podrían conducir a nuevas violaciones de los derechos humanos o del medio ambiente. El CCFD-Terre Solidaire alertó sobre iniciativas ligadas a la tierra que podrían llevar a acaparamientos y poner en peligro el campesinado en los países del Sur, y en particular la idea de secuestración de carbono en los suelos a nombre de reducción de emisiones de GEI. En el Acuerdo de París, ciertas iniciativas de ese tipo fueron valorizadas, sin criterios estrictos y sin salvaguardias suficientes cuanto a sus consecuencias sobre los derechos de las poblaciones.
Tal como lo han indicado las contrapartes del CCFD-Terre Solidaire presentes durante la COP 21, sus acciones están cada vez más afectadas por los desajustes climáticos, que agravan el hambre, la pobreza, las desigualdades, mientras que las emisiones de gases de efecto invernadero de los países del sur son minoritarias.
“Debemos estar vigilantes y asegurar un seguimiento de las acciones implementadas y de sus impactos sobre las poblaciones locales para subrayar la responsabilidad y la obligación de los gobiernos”, declaró Anne-Laure Sablé, encargada de incidencia en el CCFD-Terre Solidaire.
Bernard Pinaud, delegado general del CCFD-Terre Solidaire anunciaba desde el 11 de diciembre, al término de la COP-21, que la presión sobre los gobiernos debía continuar, pero también y sobre todo la movilización ciudadana en favor de la justicia climática: “Esta tarde, no estamos aquí para concluir nuestro compromiso, sino más bien para amplificarlo y lanzar las movilizaciones por venir!”
Transformar las promesas del Acuerdo de París en hechos y hacer presión para responder a sus debilidades en los meses y en los años a venir es indispensable. En noviembre de 2016, la COP 22 que tendrá lugar en Marruecos, tratará de la agricultura, una cuestión que hasta aquí fue cuidadosamente evitada en todas las negociaciones: esta nueva etapa del proceso constituye un desafío mayor para continuar la movilización.