El agua tiene voz. Esa fue la convicción que se dio durante el curso virtual “Agua y vida en la Panamazonía: Resistencia, Derechos y Esperanza”, en su quita jornada organizada por la Red Eclesial Panamazónica (Repam), en la que se reflexionó sobre los avances y desafíos de los derechos de la naturaleza, especialmente en lo que respecta a los cuerpos de agua en la Amazonía.
Por: Micaela Díaz – ADN CELAM
Con la moderación de Lily Calderón, miembro de Repam. Natalia Greene, Bárbara Fraser y Johny Giffoni compartieron experiencias, análisis y propuestas en una conversación que hizo visible una realidad tan urgente como esperanzadora.
La primera intervención fue de la politóloga ecuatoriana Natalia Greene, directora global de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza (GARN). En su exposición, explicó que el reconocimiento de los derechos de la naturaleza busca “transformar la conciencia humana” y crear marcos jurídicos que garanticen una relación armoniosa con la Madre Tierra.
Greene recordó que Ecuador fue el primer país en el mundo en reconocer en su Constitución que la naturaleza es sujeto de derechos. Desde entonces, “40 países han avanzado con los derechos de la naturaleza; 22 tienen avances legales y 18 tienen proyectos”, lo que, según dijo, demuestra que este movimiento se ha expandido globalmente.
Destacó también el papel del agua como eje central de este proceso: “El mayor crecimiento de casos de los derechos de la naturaleza a nivel mundial se da a través de cuerpos de agua”. Mencionó ejemplos como el reconocimiento del río Machángara en Ecuador, donde incluso se llevó simbólicamente al río a la corte, y la jurisprudencia lograda para proteger los manglares y tiburones en su país.
Greene manifestó que esta lucha también se da en escenarios internacionales: “Hemos realizado tribunales de los derechos de la naturaleza en Brasil, Perú, Chile y Ecuador”. Uno de los más relevantes casos internacionales fue la reciente opinión consultiva OC-32/23 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoció los derechos de la naturaleza: “Es como haber cambiado la Constitución de todo el Sistema Interamericano”.
Greene concluyó con una motivación a sumar esfuerzos de cara a la COP 30 en Belém, Brasil, proponiendo una Declaración de los Derechos de la Amazonía y recordando que este bioma no solo es “el pulmón del planeta”, sino también “las venas vivas del planeta” por sus ríos voladores. “Somos naturaleza que se defiende”, dijo.
La periodista ambiental Bárbara Fraser, radicada en Perú, compartió dos casos paradigmáticos que visibilizan la tensión entre los logros jurídicos y los retos de implementación. El primero fue el caso del río Marañón, donde “el grupo de mujeres Kukama se formaron en cuestiones de derechos” y lograron que el río fuera reconocido como sujeto de derechos. Sin embargo, explicó que aún queda mucho por hacer: “No es tan fácil llegar a la implementación. Hay poca voluntad política para establecer comités de gestión de cuencas”.
El segundo caso, en el distrito de Punchana, Iquitos, muestra una situación crítica de contaminación por desagües urbanos. A pesar de que la población ganó una sentencia constitucional que obliga al Estado a garantizar agua potable y saneamiento, la falta de coordinación entre instituciones y los vacíos legales han impedido su cumplimiento: “Cada entidad es un silo, es difícil que se junten. Y si no están en la demanda, no se convocan”.
Fraser expuso además cómo la percepción de riesgo, por ejemplo, en zonas inundables, dificulta la planificación de proyectos de infraestructura en contextos urbanos amazónicos: “Vivir en una zona inundable no es riesgoso para quienes han migrado desde comunidades”, sostuvo, cuestionando las categorías oficiales que no consideran las realidades culturales de las poblaciones amazónicas.
La periodista también presentó estadísticas preocupantes: solo el 50% de la población de América Latina tiene acceso a agua potable gestionada sin riesgo y el porcentaje de aguas residuales tratadas adecuadamente sigue siendo bajo. “La proporción de masas de agua de buena calidad bajó. En un contexto de cambio climático, esto preocupa mucho”, expresó.
Fraser anunció la Cumbre Amazónica del Agua, a realizarse en Iquitos en octubre. Invitó a representantes de todos los países a compartir sus experiencias y construir estrategias comunes: “Podemos unir esfuerzos para proteger más los ecosistemas de los ríos, como el derecho para todos los seres humanos y no humanos de tener agua limpia y agua segura”.
El defensor público brasileño Johny Giffoni cerró la sesión con una exposición desde el campo del derecho. Recordó que las leyes “no son fruto de concesiones, son fruto de luchas”, y alertó que muchas veces quienes las aplican , especialmente en cortes supremas, provienen de sectores que favorecen intereses extractivistas. Giffoni planteó el conflicto entre dos paradigmas jurídicos: “El derecho de la naturaleza como sujeto y el derecho ambiental como objeto”, algo que también interpela a las iglesias y su comprensión teológica de la creación.
Resaltó los avances en Brasil como la legislación del municipio de Guajará-Mirim que reconoció los derechos del río Lage (Komimi Memé) y la creación de un comité guardián comunitario. Sin embargo, advirtió que muchas normativas aún no rompen con el paradigma extractivista: “¿Son un reconocimiento real o brechas dentro del derecho ambiental tradicional?”, preguntó.
El defensor mencionó más de 20 proyectos de ley en curso en Brasil y cuestionó cómo se implementan cuando al mismo tiempo se impulsa un proyecto de ley de licenciamiento ambiental que facilita la explotación. “¿De qué sirve reconocer derechos en lo local si a nivel federal se socavan?”, reflexionó.
Giffoni concluyó con una propuesta de análisis de los conflictos que emergen al intentar aplicar la ecojurisprudencia en contextos de desigualdad estructural, alentando a construir estrategias jurídicas desde una perspectiva ancestral, cosmológica y plurinacional.
La jornada moderada por Lily Calderón ofreció un mensaje de esperanza: el agua, los ríos, la Amazonía y la naturaleza entera están siendo defendidos por comunidades, mujeres, pueblos indígenas, redes internacionales, juristas y activistas que entienden que no hay justicia sin naturaleza y no hay futuro sin agua.