Washington, 19 mar (EFE).- La CIDH dio la bienvenida a la Iglesia católica, que acudió al organismo por primera vez en su historia para defender a los indígenas y sus recursos, en una jornada marcada por las denuncias sobre la situación de derechos humanos en Cuba y la modificación de la justicia penal militar en Colombia.
En el tercer día de audiencias públicas de su 154 periodo de sesiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, trató cuatro temas relacionados con Colombia, uno sobre Cuba y denuncias de religiosos de Latinoamérica, EE.UU. y Canadá.
Además, durante las audiencias, Pedro Barreto Jimeno, arzobispo de Huancayo (Perú) dio a conocer que él y el cardenal brasileño Claudio Hummes pidieron en una carta al papa Francisco que visite la CIDH en su viaje a EE.UU. en septiembre de este año.
“El papa recibió la carta con mucha alegría”, explicó Barreto Jimeno, quien mostró a los comisionados la misiva y una foto suya y del cardenal brasileño junto al pontífice en Roma.
Durante la audiencia, los religiosos denunciaron la vulneración de los derechos de los campesinos y de los pueblos indígenas por parte de las industrias que extraen recursos naturales en diferentes partes de América, especialmente en la Amazonía.
Citando unas palabras del papa Francisco, Barreto recordó que si bien “el orden justo de la sociedad y del Estado es una tarea principal de la política, la Iglesia no puede ni debe quedarse al margen en la lucha por la justicia”.
De esta forma, los religiosos entregaron un informe en el que destacan como prácticas usuales de los Estados la criminalización de la protesta, las agresiones a los defensores de derechos humanos y el crecimiento de la conflictividad social como consecuencia de las extracciones de recursos naturales.
El obispo de Huehuetenango (Guatemala), Álvaro Ramazzini, incidió en que la responsabilidad sobre los daños a la naturaleza y la protección de los derechos de los indígenas viene tanto de parte de los Estados que acogen a las empresas extractivas, como de los países de los que proceden las compañías, entre los que citó a Canadá y EE.UU.
En la única sesión sobre Cuba, tres activistas de la isla denunciaron que la represión contra los opositores y defensores de derechos humanos en el país “ha continuado y se ha incrementado” desde el anuncio de normalización de las relaciones diplomáticas entre los Gobiernos cubano y estadounidense, en diciembre pasado.
“En Cuba, desde los anuncios de normalización de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y la dictadura de los Castro ocurridos en diciembre, la represión contra los activistas de derechos humanos y los ciudadanos en general ha continuado y se ha incrementado”, sostuvo la activista del Directorio Democrático Cubano, Janisset Rivero.
En una de las sesiones sobre Colombia, la CIDH profundizó en las iniciativas del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos para reformar la justicia penal militar, que permitirían a los tribunales castrenses juzgar delitos contra civiles cometidos por militares en servicio.
Tras escuchar al Gobierno y a las organizaciones peticionarias, la CIDH advirtió al Ejecutivo colombiano que las violaciones de derechos humanos cometidas por militares deben de ser enjuiciadas por la Justicia ordinaria y no por tribunales castrenses, que, según los denunciantes, dejarían impunes las ejecuciones extrajudiciales.
“Está prohibido juzgar violaciones de derechos humanos por la justicia penal militar, aún cuando fueran cometidas por militares en servicio activo”, advirtió el comisionado José de Jesús Orozco, que recordó la “fuerte posición” de la CIDH respecto a este tema en todos los países de América.
En otra audiencia sobre Colombia, veinte organizaciones pidieron al Estado colombiano que juzgue a los altos mandos militares acusados de cometer durante el conflicto armado ejecuciones extrajudiciales, conocidas en el país como “falsos positivos”.
Colombia debe juzgar los abusos de los militares por la vía ordinaria, considera la CIDH
(Actualiza con más declaraciones del embajador de Colombia ante la OEA, Andrés González Díaz)
Washington, 19 mar (EFE).- La CIDH advirtió hoy al Gobierno colombiano de que las violaciones de derechos humanos cometidas por militares deben de ser enjuiciadas por la Justicia ordinaria y no por tribunales castrenses, que, según sostienen diferentes organizaciones, dejarían impunes las ejecuciones extrajudiciales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró hoy en Washington una audiencia sobre las iniciativas del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos para reformar la justicia penal militar, que permitirían a los tribunales castrenses juzgar delitos contra civiles cometidos por militares en servicio.
Esta iniciativa, con la que el Gobierno de Bogotá busca brindar seguridad jurídica a los miembros de las Fuerzas Armadas, ha sido duramente criticada por organizaciones como Human Rights Watch (HRW), que consideran que la reforma dejaría impune las ejecuciones extrajudiciales de civiles por parte de militares, conocidas como “falsos positivos”.
Al final de la audiencia, el comisionado José de Jesús Orozco recordó al Estado que la CIDH tiene “una fuerte posición” con respecto a este tema en todos los países de las Américas.
“Está prohibido juzgar violaciones de derechos humanos por la justicia penal militar, aún cuando fueran cometidas por militares en servicio activo”, advirtió Orozco.
“Teniendo en cuenta esto, me gustaría saber cuál es la posición del Estado a la luz del derecho internacional y el sistema iberoamericano de derechos humanos que establecen que las violaciones de derechos humanos no deben ser competencia de la jurisdicción militar”, añadió el comisionado.
El embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Andrés González Díaz, afirmó que las Fuerzas Armadas colombianas han tenido que afrontar problemas muy diferentes que el resto de América Latina, como la pobreza o las guerrillas que “creían que llegarían al poder por la violencia y no por el diálogo”.
González defendió la necesidad de tener una jurisdicción especial para los delitos cometidos por fuerzas militares en servicio, que “sea imparcial, independiente, eficiente, que conduzca a los valores de la justicia”.
A las ejecuciones extrajudiciales se refirió el consejero presidencial por los Derechos Humanos, Guillermo Rivera, quien afirmó que “el Gobierno está siendo muy cuidadoso para que las violaciones a los derechos humanos, conocidos como falsos positivos, sigan en manos de la justicia ordinaria”.
En su intervención, en nombre de las cuatro organizaciones peticionarias, Alejandro Malambo, de la Comisión Colombiana de Juristas, defendió que la ampliación del foro penal militar “rompe todo tipo de garantías”.
Malambo puso de ejemplo la situación de un grupo de manifestantes que, si son golpeados por agentes antidisturbios durante una protesta, no podrán acudir a la Justicia civil, sino que tendrán que denunciar a los agentes ante tribunales militares.
“Esta reforma rompe el principio de independencia judicial. No se puede concebir que sean al mismo tiempo juez y parte. No se entiende que personas que han infringido el derecho penal humanitario sean juzgados por sus superiores, por gente del Ministerio de Defensa o militares retirados”, explicó Malambo.
Para los peticionarios de la audiencia, la ampliación del foro penal militar es “incongruente” con el fin de los 50 años de conflicto armado, pues creen que ampliar las competencias de los tribunales castrenses perpetuará el conflicto y no ayudará a reparar los derechos de las víctimas.
En 2013, la Corte Constitucional de Colombia declaró inconstitucional una ley para reformar el fuero penal militar con el argumento de que contenía vicios de forma, lo que obligó al Gobierno a presentar una nueva iniciativa, que la Cámara de Representantes de Colombia aprobó a finales del año pasado.
Fuente: mexico.servidornoticias.com