Los días 25 y 26 de abril se llevó a cabo una réplica de la Escuela para la Promoción, Defensa y Exigibilidad de los Derechos Humanos, en Sata Teresita (Huánuco, Perú). La actividad fue liderada por el apu Fernando Carpio Amaringo, presidente de la Federación de las Comunidades Nativas de Puerto Inca (FECONAPIA), con el acompañamiento de la Hna. Ana María Palomino, vicepresidenta de la Red Eclesial Panamazónica (REPAM).
Por: Equipo de Comunicaciones de REPAM
Santa Teresita es una comunidad que en la actualidad se resiste a la entrada del extractivismo minero, una realidad que ya ha impactado la provincia de Puerto inca y contaminado el río Pintuyacu. Alrededor de 30 personas participaron de este espacio, fomentado por la REPAM y acogido por la comunidad nativa. Esta jurisdicción territorial sufre una serie de inconvenientes que impactan su realidad ambiental, social y cultural; quienes habitan la comunidad y buena parte del corredor entre los departamentos de Huánuco y Ucayali, ven como su derecho a acceder a agua segura se vulnera. El principal problema es la expansión minera, una actividad que condiciona las dinámicas económicas y captura a los propios habitantes del territorio dentro de su ejecución; la falta de garantías y estabilidad económica juegan un papel trascendental dentro del problema socioambiental.
El panorama en Santa Teresita
Santa teresita es una comunidad que sufre del abandono estatal y la falta de acciones concretas por parte de organismos gubernamentales en su territorio. Los moradores insisten en la necesidad de aplicar proyectos productivos sostenibles dentro de la comunidad; que no existan lleva a la proliferación de una carencia económica, que termina por ser el detonante para que jóvenes y adultos hagan parte de la cadena de explotación minera. El facilismo por obtener dinero mueve mucho más que la conciencia territorial; los pagos diarios por realizar labores de buceo (para la extracción de oro) superan hasta en un 500% a los honorarios percibidos por llevar a cabo trabajos agrícolas.
Este contexto permite que se fracturen las relaciones comunales y que la gobernanza territorial se debilite. Actualmente, las instituciones que tienen trabajos en la zona no han logrado una armonía, respecto a la gobernanza y esa falta de unidad se convierte en un escenario propicio para la instalación de las dragas que, generalmente se ubican en la ribera del río Pachitea. El trabajo de las dragas y las labores de buceo impactan las orillas del río, generando erosión y afectando el ecosistema que allí se ubica; las garantías para un equilibrio biológico adecuado son menos a medida que avanzan las labores mineras.
Conclusiones desde la comunidad
La réplica de la Escuela para la Promoción, Defensa y Exigibilidad de los Derechos Humanos realizada en Santa Teresita, identificó que el principal derecho vulnerado es el acceso a agua segura y de calidad; también, se dejó en claro la falta de garantías comunales amparadas en el derecho a la consulta previa: la comunidad de Santa Teresita nunca fue consultada sobre su deseo o no, de tener minería en su territorio. Es válido agregar que los procesos de consulta previa van acompañados por sesiones formativas e informativas en las que trabajadores del estado, expertos y los moradores de una comunidad analizan y reflexionan sobre las actividades de explotación y los impactos socioambientales que se desprenden de las mismas.
Así y bajo la realidad en las que viven cientos de comunidades en la Amazonía, se proyecta que las réplicas de la escuela de Derechos Humanos de la REPAM se sigan llevando a cabo, con el objetivo de brindar herramientas y conocimientos necesarios en la defensa del territorio, las comunidades y la vida misma.
