Los medios locales y regionales reportan el fallecimiento de un Suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), luego de un enfrentamiento entre un contingente de la Unidad de Servicios Especiales de la PNP y miembros de la comunidad de Providencia, sector río Corrientes, distrito de Trompeteros (Loreto, Perú). En este caso, también habría personas heridas, retenidas e incluso desaparecidas.
Por: Equipo de Comunicaciones de REPAM
Los reportes periodísticos dan cuenta de la retención de siete tripulantes y una embarcación petrolera que pertenece a la empresa RICSA, a la altura de la Comunidad Nativa de Providencia. Por un lado, la empresa levantó denuncias ante la Fiscalía por los delitos de secuestro, extorsión, disturbios y entorpecimiento de servicios públicos; señalando que para la liberación de la tripulación, una barcaza y un remolcador, se exigía el pago de alrededor de 560 mil dólares. Por otro lado, las comunidades indígenas de la zona han reforzado, en las últimas semanas, el pedido de mayor presencia estatal para enfrentar los problemas de contaminación, las afectaciones que se encuentran vinculadas a las actividades petroleras y el impacto social generado por las dinámicas extractivistas.
El impacto según los informes
En el año 2022, el Ministerio de Energía y Minas de Perú y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicaron un informe -respaldado en el Estudio Técnico Independiente del Lote 8 (zona de extracción petrolera activa desde 1974)- que sustenta el impacto de la actividad extractiva: “Tras 50 años de actividad petrolera, la zona se ha convertido en un escenario de degradación ambiental sistemática, con ecosistemas frágiles contaminados y comunidades con salud y servicios básicos vulnerados” (La República, 2026). Se ha señalado, por parte de especialistas, que la aplicación de políticas públicas, ligadas a la actividad petrolera, generó un ambiente de desconfianza ante las instituciones estatales; a ello, se suman los incumplimientos de reparación ambiental, estableciendo una permanente crisis social.
Una crisis ecológica y social
El contexto permite recordar la encíclica Laudato Si’, al entender que la ecología es una cuestión integral que pasa por: el medio ambiente, la dignidad humana, el contexto social y la cultura. En un pronunciamiento, emitido por Mons. Miguel Ángel Cadenas, obispo del Vicariato Apostólico de Iquitos, se señala que “nada puede justificar la muerte…esta desgarradora noticia visibiliza la violencia en la que vivimos…Tenemos un cadáver, varios heridos y desaparecidos a los que debemos añadir sus familiares”, dando cuenta de la crisis social que impera en la mayor parte de la región. También, el Obispo del Vicariato de Iquitos establece a través de su pronunciamiento que “Otra violencia, menos visible, pero igual de perturbadora, son los niveles de contaminación de los cuerpos de los comuneros y la falta de tratamientos adecuados, sin olvidarnos de la pobreza multidimensional en la que viven y no se hace lo necesario para remediarla.”
El pronunciamiento también deja en evidencia el deterioro sufrido por el ecosistema desde hace décadas, confirmando que las zonas de impacto de los proyectos extractivos van mucho más allá de las áreas de explotación. Las plantas, los árboles, los microrganismos, los animales y los peces se ven afectados por grandes niveles de contaminación, incrementando la relación e las comunidades con el ecosistema y vulnerando derechos fundamentales como el acceso a agua segura, a tener garantías de vida y a una alimentación adecuada. El documento plantea dos preguntas muy acertadas y necesarias, que distintos sectores tienen la obligación de responder: ¿Qué le diremos ahora a las familias del difunto y los heridos? ¿Qué les diremos a los miembros de las comunidades que sienten en sus propias carnes la exclusión?
Lea el pronunciamiento completo: