Del 9 y 10 de septiembre se realizó el Foro sobre minería del oro en la Amazonía boliviana, en el auditorio del Gobierno Municipal Autónomo de Rurrenabaque, organizado por la Pastoral Social Cáritas Reyes.
Por CEB
En el foro se reflexionó sobre la tarea de cuidar el medio ambiente, así como conocer los retos de la Iglesia en coadyuvar al cuidado de la Casa Común.
A través de experiencias de la minería aurífera de Madre de Dios, expuesto por Cesar Ascorra, especialista en la problemática quien remarcó “El mundo que recibí no lo hice yo, me lo dejaron como regalo, y mis hijos y nietos que mundo van a recibir, entonces tenemos que remediar el daño que hemos hecho por responsabilidad hacia ellos”.
Por otro lado, Oscar Campanini, representante de la CEDIB, brindo información sobre la “Investigación de la contaminación por mercurio en comunidades del río Quiquibey”, afirmando que “la recesión económica agravada por pandemia y la guerra hace que sea el refugio de los grandes capitales”.
Asimismo, Héctor Córdova, de Fundación Jubileo, informó los datos a nivel regional sobre la minería aurífera, asegurando que “el mineral que sacan no es de quienes extraen, es del todo el pueblo boliviano, pero hoy unos cuantos se están volviendo millonarios”.
Por su parte, Marcela Quisberth Pillco, habló sobre la experiencia en Zongo donde la “justicia indígena originaria campesina es restauradora”.
En el foro también se trató sobre los procesos para la implementación de la justicia indígena originaria campesina en tierras bajas, a cargo de la autoridad originaria Feliciano Tarqui Ayala, perito en Justicia Indígena Originaria Campesina (JIOC), quien afirmó que “hay igualdad jerárquica entre la justicia ordinaria y la justicia indígena”.
Pronunciamiento
Los participantes al Foro, emitieron un pronunciamiento fruto de todo lo reflexionado en estas jornadas dedicadas a la problemática ambiental y de la salud publica emergente de la actividad minera del oro en las zonas de la Amazonía boliviana.
Por la vida y el respeto al territorio de los pueblos indígenas
– Sin oro se vive, sin agua no hay vida-
El “Segundo foro sobre minería del oro en la amazonia boliviana”, realizado en la ciudad de Rurrenabaque los días 9 y 10 de septiembre del año 2022, tras haber conocido y analizado la situación de la explotación del oro en las distintas regiones del país, sus beneficios, efectos y consecuencias, además de las experiencias de las comunidades al respecto, emite el siguiente pronunciamiento.
La Amazonia boliviana es una región llena de vida, donde habitan actualmente 29 pueblos indígenas, además de miles de especies de plantas, animales vertebrados, aves y centenares de especies de peces, reptiles y anfibios, entre otros, que lo hacen una riqueza invaluable para el mundo.
En ese escenario se desarrolla la actividad minera de oro, particularmente la cooperativa, que se encuentra explotando este mineral, lo que ha conllevado a desmontes, el uso de dragas y mercurio que alteran el medio ambiente, con la particularidad de que este último contamina ríos, aire y tierra con efectos devastadores para la salud humana y de los animales.
Así, la explotación del oro, de manera irracional e incontrolada, se constituye en una problemática que va más allá de nuestras fronteras nacionales, afecta a todos los pueblos indígenas del país, además de tener efectos indirectos en cuanto a la salud y medio ambiente en las poblaciones de las ciudades.
De acuerdo con estudios al respecto se ha podido constatar que las concentraciones de mercurio en los organismos de los indígenas de la región de los ríos Beni, Tuichi y Quiquibey tienen un nivel más elevado de lo que es permisible para el organismo humano, lo cual pone en riesgo sus vidas.
En ese mismo sentido se hace cada vez más evidente la presencia de síntomas característicos de la presencia de mercurio en los organismos de los pobladores de distintas comunidades de la zona, siendo necesario estudios científicos que corroboren tal situación.
Entre las consecuencias sociales que provoca la explotación de oro en la región se destaca la división entre las comunidades, la migración y la pérdida de la cultura.
Estos hechos se constituyen en una violación a los derechos de los pueblos indígenas, tales como a la vida, salud y alimentación que están establecidos en la Constitución Política del Estado, particularmente en cuanto al art. 30 de la Carta Magna que señala “a vivir en un ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas”.
Se cuestiona mucho que la actividad aurífera, principalmente cooperativista, se caracterice por tener grandes ganancias pero que, a su vez, evada por distintos artilugios el pago de impuestos y regalías con gran afectación al Estado en sus diversos niveles y en consecuencia a los servicios de salud, educación entre otros para todos los bolivianos y bolivianas.
También se cuestiona la ineficacia de las autoridades del gobierno, en sus tres niveles, para evitar la destrucción de áreas protegidas, la biodiversidad y la vida de pueblos indígenas, en el marco de las potestades que otorga la Constitución Política del Estado.
Por otra parte, la justicia ordinaria no responde a los intereses de las comunidades indígenas de la zona, por lo que se considera importante fortalecer el ámbito de la Justicia Indígena, Originaria y Campesina (JIOC).
Por las razones antes citadas, los asistentes a este “Segundo foro sobre minería del oro en la amazonia boliviana” manifiestan:
1) Por ser responsable de otorgar permisos para la explotación minera y por ser sus prerrogativas constitucionales el Estado debe responsabilizarse por los efectos ocasionados a las personas, a través de una compensación económica y social proporcional a los daños ocasionados por el uso de mercurio y otros elementos químicos.
2) Por provocar daños irreversibles al medio ambiente, a la salud pública y poner sobre todo en riesgo a las comunidades indígenas originarias de la zona se rechaza de manera enfática la minería en todas sus formas.
3) Por la división que provoca la explotación del oro entre las comunidades se exhorta al pueblo boliviano y la comunidad internacional a trabajar por la unidad y defensa integral de la Casa Común.
4) En el marco de sus potestades exigir a los gobiernos departamentales y municipales tomen acciones para que las empresas cooperativas mineras se responsabilicen por el estudio y monitoreo permanente de la contaminación de los ríos, flora y fauna, además de la pérdida de capacidad productiva en los suelos y la vulneración de derechos fundamentales.
5) Por el daño que provoca al medio ambiente y la salud y en el marco del convenio de Minamata se elimine la importación de mercurio a territorio boliviana a la brevedad posible.
6) Por la importancia que tiene la información la sociedad civil en su conjunto debe socializar los efectos de la actividad minera con miras a la concienciación de la población.
7) Por su importancia se debe socializar la Justicia Indígena Originaria y Campesina entre los pueblos indígenas para fortalecerla y que se constituya, realmente, en una herramienta importante para la lucha de las comunidades para el ejercicio y defensa en distintos ámbitos de la justicia.
8) Por la riqueza existente en la región se debe trabajar en nuevas formas de lograr ingresos y una mejor vida, tales como las experiencias de los Sistemas Agroforestales, el ecoturismo, producción orgánica y otros.
9) En el marco del respeto a la normativa constitucional se exige leyes acordes y específicas que permitan a las comunidades indígenas originarias tomar decisiones sobre su territorio bajo normas y procedimientos propios de forma autónoma.
10) En el marco de la conservación de nuestro medio ambiente rechazamos toda concesión minera en las áreas protegidas y territorios indígenas originarios.
Es dado a los 10 días del mes de septiembre de 2022